Bolaños sostiene que los "ultras" pervierten la Justicia para perseguir a "personas honestas"
- Asociaciones de jueces y fiscales convocan un paro el 11 de junio en protesta a las nuevas reformas del Gobierno para el Poder Judicial y la Fiscalía porque facilitan su "politización"
- El PP acusa al Gobierno de "declarar la guerra a los jueces" y Bolaños le afea "pisotear" la presunción de inocencia
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado a la ultraderecha de pervertir las causas judiciales a través de la acusación popular para perseguir a "gente honesta y progresista" e intentar que ingresen prisión, como ocurre en las dictaduras.
Bolaños ha comparecido este viernes a petición propia en la Comisión de Justicia del Senado en la que ha desgranado las principales reformas que ha llevado a cabo su departamento y ha respondido a los grupos parlamentarios, que le han preguntado también por las causas judiciales abiertas contra Begoña Gómez, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, o el Fiscal general del Estado, entre otras.
Según el ministro de Justicia la acusación popular "forma parte del fango que necesitan para su labor de oposición" tanto PP como Vox.
El ministro ha enfrentado fuertes críticas de las senadoras de PP y Vox, que le han acusado de "tapar" la corrupción que "acorrala" al presidente, Pedro Sánchez y a su familia, sus amigos, su entorno y su partido" y han denunciado al Gobierno por hacer un "uso partidista de la Justicia" y por "atacar" a los jueces.
El PP ha pedido de nuevo su dimisión, con el argumento de que Bolaños declaró como testigo en un caso de presunta corrupción -el que investiga la contratación de una asesora de Begoña Gómez- y le ha acusado de actuar como el "abogado defensor de la imputada mujer del presidente, del enchufado hermanísimo, del presidente de la Diputación de Badajoz, enchufador del hermano y el del aforamiento exprés".
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La senadora popular María José Pardo le ha dicho además a Bolaños que "el fiscal general borrador", en referencia a Álvaro García Ortiz, "va caminito del banquillo", y le ha recomendado que tenga cuidado al poner la mano en el fuego por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, porque "a lo mejor acaba quemándose". Además, el PP ha acusado al Gobierno de "autócrata", de buscar una "amnistía preventiva" de la mujer del presidente y de censurar y amordarzar a medios que hacen preguntas incómodas descalificándoles como "pseudomedios, fachas y ultras" y expulsándolos del Congreso.
Bolaños ha acusado al PP de "mentir cada día" y de participar del "ciclo del bulo" que consiste en que un "pseudomedio" publica una noticia falsa e "inmediatamente un grupo ultra financiado por un abogado del PP o por los grupos ultras presenta una querella". "Se instrumentaliza la Justicia en nuestro país y acto seguido ustedes, el PP y Vox hacen oposición sobre esas mentiras y esas falsedades", ha lamentado Bolaños que ha preguntado al PP si va a pedir perdón a todas las personas honestas a las que están manchando su nombre.
En cambio, para los populares, Bolaños es también "el director de la campaña de linchamiento contra los jueces que investigan la corrupción" y el responsable de convertir el Ministerio de Justicia en una "máquina de generar impunidad para los suyos".
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"Mi confianza en la Justicia es absoluta, pero también le digo que eso no significa que a veces discrepo de resoluciones judiciales, y cuando discrepo de resoluciones judiciales, con todo el respeto y sin mencionar nunca a nadie por su nombre, yo con la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, claro que puedo discrepar de una resolución judicial", ha respondido Bolaños.
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Y ante las críticas de PP y Vox de intentar echar del Congreso de los Diputados y acallar a los medios que no son afines al Gobierno, el titular de Justicia se ha dirigido a la senadora del PP para asegurar que "yo estoy con los periodistas de verdad y usted con los agitadores ultras. Dónde ha caído el PP. Creo que más bajo no se puede caer", ha sentenciado.
JUECES Y FISCALES CONVOCAN UN PARO EL 11 DE JUNIO CONTRA LAS REFORMAS Y LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA POR EL GOBIERNO
Media decena de asociaciones de jueces y fiscales han acordado convocar un paro de diez minutos el día 11 de junio, a las 12.00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, "a fin de que los miembros de las carrera judicial y fiscal visibilicen el descontento" por las medidas anunciadas por el Gobierno para reformar el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal que, a su juicio, incrementan el riesgo de su politización.
Este es uno de los cuatro acuerdos suscritos este viernes por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
No obstante, las cinco organizaciones mantienen su "plena disposición a seguir debatiendo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios", aunque "sin renunciar a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución" de sus objetivos.
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De hecho, las asociaciones han emplazado ya a todas las fuerzas políticas a celebrar una serie de reuniones.
Una propuesta que han extendido también al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores de España, a la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones. Con estas entrevistas, quieren "explicarles los peligros y las consecuencias que pueden suponer ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia".
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Las asociaciones firmantes reclaman al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños que retire las reformas de la carrera judicial y de la fiscal por "recoger medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".
Del mismo modo, se oponen al anteproyecto de ley para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque "supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".
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Por último, exigen al Ministerio de Justicia que cumpla con los acuerdos alcanzados el 23 de mayo de 2023, cuando se desconvocó la huelga entonces anunciada y, "yendo más allá, se realice desde ya una amplísima convocatoria de los turnos libre y cuarto turno, sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad".
