Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas.
Una decena de países pidieron expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.
Entre los ministros que hablaron ante la prensa, solo Dinamarca y Eslovenia aseguraron que habrían votado a favor de la petición española, si se hubiese sometido a votación.
El Gobierno español intensificó sus contactos con las capitales europeas en las últimas semanas y realizó cambios a su propuesta inicial para tratar de vencer las reticencias existentes entre los Veintisiete.
España se comprometió a que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.
También insistió en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.
"Identidad plurilingüe"
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos para que se reconozcan en la UE las lenguas cooficiales españolas.
Alegría ha asegurado que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países miembros.
Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida.
Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.